OXNARD — As many cities throughout California struggle to address the State’s $160 billion total unfunded pension liability that accrued prior to the 2013 California Public Employees’ Pension Reform Act (PEPRA), the City of Oxnard is proactively considering issuing a Pension Obligation Bond (POB) to tackle its portion.
Oxnard’s unfunded accrued liability (UAL), which is the shortfall between money the City has invested with the California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) and the amount required to fully pay out the benefits that are legally obligated to retirees, is currently $322 million. Issuing a POB is one cost potential management strategy that the City is exploring to address rising pension costs of legacy CalPERS system retirees whose pensions are dated prior to the 2013 reform. Since 2018, the Council has been hosting public study sessions relating to the rising pension costs. Potential cost management strategies, including the concept of restructuring the UAL, were most recently discussed by the Council Finance and Governance Committee on Feb. 8, 2022, and later by the full City Council on March 1, 2022. In a 7-0 vote, the Council voted to initiate the POB validation process.
“Almost all California cities are facing the issue of unfunded pension liability. We want to provide the most cost-efficient and fiscally responsible solutions for Oxnard taxpayers, and will only consider a Pension Obligation Bond if the cost-savings can be nailed down,” said City Manager Alexander Nguyen.
By lowering interest costs through a POB, the City will likely be able to reduce the pension-specific property tax levy on residents by 15-20% over the next decade. For the average Oxnard homeowner, this is an annual savings of over $50. With current interest rates between 4% and 4.50%, a POB could save the City and its taxpayers more than $75 million over the next 15 years. Additionally, a POB is expected to generate savings to the City’s general fund, which pays for investments in City streets, parks, trees, sidewalks and more.
Approximately 90 CalPERS member agencies have issued bonds to restructure their UAL over the past two years. In order for Oxnard to consider a POB, the City must first initiate the validation process. Municipal bond investors purchase POBs from cities only if they have been validated in court under California law. The complaint in such an action is published for three consecutive weeks in a newspaper of general circulation to notify all interested persons of the action.
Once the process is complete, the City will examine the market conditions and potential risks to determine if issuing a POB is in the best interest of the City and its residents. With the City legally required to pay the $322 million UAL, Oxnard’s consideration of a POB is a responsible step forward in addressing its pension liabilities.
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La ciudad considera el bono de obligación de pensión para abordar la obligación no financiada
OXNARD — A medida que muchas ciudades de California luchan por abordar la obligación de pensión no financiada del Estado de $160 mil millones que se acumuló antes de la ley de reforma de pensiones de empleados públicos de California (PEPRA, por sus siglas en inglés) de 2013, la ciudad de Oxnard está considerando de manera proactiva emitir un bono de obligación de pensión (POB, por sus siglas en inglés) para abordar su porción.
La obligación de pensión no financiada (UAL, por sus siglas en inglés) de Oxnard, que es el déficit entre el dinero que la ciudad ha invertido con el sistema de jubilación de empleados públicos de California (CalPERS, por sus siglas en inglés) y la cantidad requerida para pagar completamente los beneficios que están legalmente obligados a los jubilados, es actualmente de $322 millones. Emitir un POB es una estrategia de manejo de costos potenciales que la ciudad está explorando para abordar los crecientes costos de pensión de los jubilados del sistema CalPERS heredado cuyas pensiones son anteriores a la reforma de 2013. Desde 2018, el Consejo ha estado organizando sesiones públicas de estudio relacionadas con el aumento de los costos de las pensiones. Las posibles estrategias de manejo de costos, incluido el concepto de reestructuración de la UAL, fueron discutidas más recientemente por el comité de gobernanza y finanzas del concejo el 8 de febrero de 2022, y luego por el concejo municipal en pleno el 1 de marzo de 2022. En una votación de 7-0, el consejo votó a favor de iniciar el proceso de validación de POB.
“Casi todas las ciudades de California enfrentan el problema de la obligación de pensión no financiada. Queremos brindar las soluciones más rentables y fiscalmente responsables para los contribuyentes de Oxnard, y solo consideraremos un bono de obligación de pensión si se pueden concretar los ahorros de costos”, dijo el administrador de la ciudad, Alexander Nguyen.
Al reducir los costos de los intereses a través de un POB, es probable que la ciudad pueda reducir el impuesto de propiedades específico para las pensiones de los residentes en un 15-20% durante la próxima década. Para el propietario promedio de Oxnard, esto representa un ahorro anual de más de $50. Con tasas de interés actuales entre 4% y 4.50%, un POB podría ahorrarle a la ciudad y a sus contribuyentes más de $75 millones durante los próximos 15 años. Además, se espera que un POB genere ahorros para el fondo general de la ciudad, que paga las inversiones en calles, parques, árboles, aceras de la ciudad y más.
Aproximadamente 90 agencias miembros de CalPERS han emitido bonos para reestructurar su UAL en los últimos dos años. Para que Oxnard considere un POB, la ciudad primero debe iniciar el proceso de validación. Los inversionistas de bonos municipales compran un POB de las ciudades solo si han sido validados en la corte según la ley de California. La denuncia en tal acción se publica durante tres semanas consecutivas en un periódico de circulación general para notificar a todas las personas interesadas de la acción.
Una vez que se complete el proceso, la ciudad examinará las condiciones del mercado y los riesgos potenciales para determinar si la emisión de un POB es lo mejor para la ciudad y sus residentes. Con la ciudad legalmente obligada a pagar los $322 millones de UAL, la consideración de Oxnard de un POB es un paso responsable hacia adelante para abordar sus obligaciones de pensión.